Elementos Esenciales de una Correcta Política Criminal Estatal

 

La política criminal estatal es un componente fundamental del sistema de justicia de cualquier país, ya que establece las directrices y estrategias para abordar la delincuencia y mantener el orden público. Una política criminal efectiva no solo busca castigar el delito, sino también prevenirlo, al tratar de reinsertar a la sociedad a los victimarios y promover la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

En la actualidad, una política criminal eficaz debe adherirse plenamente a una legislación penal clara y coherente, las leyes deben definir de forma clara y concisa los delitos y las sanciones asociadas, evitando ambigüedades que puedan llevar a interpretaciones erróneas o inconsistencias en la aplicación de estas. Además, es de suma importancia que las leyes penales sean coherentes con los principios de justicia y apelando al respeto por los derechos humanos, ya que de esta forma se asegura que las penas sean proporcionales al delito cometido y que se respeten los derechos de los acusados durante el proceso judicial.

Así mismo, la prevención del delito es un aspecto fundamental de cualquier política criminal, sin embargo, es de suma importancia recalcar que en lugar de simplemente reaccionar ante el delito una vez que ha ocurrido, es mucho más efectivo implementar estrategias para prevenirlo desde sus inicios. Por lo cual, en estas políticas es necesario incluir programas de educación y concienciación contra la violencia, intervenciones en comunidades en riesgo, y políticas públicas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza, la falta de acceso a la educación, el desempleo y la desigualdad social.

Por otra parte, es importante que una política criminal sea inclusiva y respete los derechos de los ciudadanos evitando cualquier acción discriminatoria, esta debe garantizar que la ley se aplique de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual o estatus socioeconómico. Esto tambien implica que los procedimientos legales sean transparentes, imparciales y libres de discriminación, y que se brinde acceso igualitario a la justicia para todas las personas involucradas en los procesos judiciales.

De igual manera, además de castigar el delito, una política criminal efectiva debe buscar la rehabilitación y la reinserción social de los infractores, esto implica proporcionar programas de rehabilitación dentro del sistema correccional, como la educación, la capacitación laboral y la atención médica y psicológica, con el objetivo de ayudar a los victimarios a reintegrarse en la sociedad de manera productiva una vez que cumplan sus penas. Sin embargo, también se debe asegurar que los delincuentes paguen justamente por sus hechos y que la justicia sea implacable al momento de imponer penas a los imputados

Esto es mencionado por Juárez y Medina (s.f) quienes afirman que:

Se trata entonces de lograr generar acciones positivas e individuales, tendientes a proveer de prestaciones sociales a los condenados que les posibiliten su inserción, con la expectativa de que no cometan nuevo delito y superen los efectos nocivos del encierro. (p.180)

La cooperación y coordinación entre las diversas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y de formular leyes, son esenciales para garantizar el éxito de una política criminal estatal, esto incluye a la policía, los tribunales, los centros penales y cárceles, y otras instituciones relacionadas. Una comunicación efectiva y el intercambio de información entre las mismas son clave para investigar y procesar eficientemente los delitos, así como para supervisar y gestionar a los infractores durante su tiempo en el sistema correccional.

Así mismo, es necesario recalcar que los gobiernos deben invertir en estas políticas, ya que para que estas sean exitosas se requiere una inversión adecuada en recursos humanos, tecnológicos y financieros, esto incluye la contratación y capacitación de personal calificado en todas las instituciones encargadas de los procesos penales, así como la adquisición de tecnología y equipos modernos para ayudar en la investigación y prevención del delito. Además, es importante destinar fondos suficientes para programas de prevención del delito y apoyo a las víctimas, ya que estos son necesarios para evitar ciclos de violencia y consecuencias mayores.

Por último, pero no menos importante, una política criminal estatal efectiva debe someterse a una evaluación continua y estar sujeta a adaptaciones según sea necesario, esto implica monitorear y analizar constantemente los resultados de las estrategias implementadas, identificando qué políticas son efectivas y cuáles necesitan ser ajustadas o modificadas. La capacidad de adaptarse a los cambios en el entorno social, económico y político es esencial para garantizar que la política criminal siga siendo relevante y efectiva a lo largo del tiempo.

 Desarrollar y ejecutar una política criminal que sea verdaderamente eficaz requiere un enfoque meticuloso y multidimensional, para esto se pueden tomar en cuenta los siguientes pasos:

1.    Evaluación de la Situación Actual:

El primer paso es realizar una evaluación exhaustiva de la situación actual de la sociedad en términos de delincuencia, violencia, crimen organizado y otros problemas relacionados, para esto es necesario recopilar datos, analizar tendencias y comprender los factores subyacentes que contribuyen al problema.

2.    Identificación de Prioridades:

Una vez que se comprenden los desafíos, es crucial identificar las áreas prioritarias en las que se debe enfocar la política criminal, lo cual podría incluir la prevención del crimen, la aplicación de la ley, la reforma del sistema de justicia penal o el apoyo integral a las victimas

3.    Desarrollo de Estrategias Basadas en Evidencia:

Las estrategias de política criminal deben basarse en evidencia sólida y en las mejores prácticas identificadas a nivel nacional e internacional, a partir de esto se pueden implementar de programas de prevención del delito basados en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de justicia penal o la adopción de programas de apoyo de acuerdo a la situación de cada victima.

4.    Involucramiento de instituciones:

Es esencial involucrar a una amplia gama de partes interesadas, incluidos representantes del gobierno, fuerzas del orden, organizaciones comunitarias, instituciones académicas y grupos de derechos humanos. La colaboración entre estos actores es fundamental para el éxito de cualquier política criminal.

5.    Asignación de Recursos Adecuados:

Una política criminal efectiva requiere una asignación adecuada de recursos financieros, humanos y tecnológicos, es importante priorizar la inversión en áreas que demuestren un alto potencial para reducir la delincuencia y promover la seguridad.

6.    Monitoreo y Evaluación Continua:

Una vez implementadas, las medidas de política criminal deben ser monitoreadas y evaluadas de manera continua para medir su efectividad y realizar ajustes según sea necesario, para esto es necesario establecer indicadores de desempeño claros y mecanismos de retroalimentación que permitan realizar mejoras continuas. Esto es mencionado por Juárez y Medina (s.f) quienes argumentan que:    

En este contexto, el papel de la investigación y la evaluación de los programas, son especialmente importantes. Ya que pueden ayudar a tomar decisiones informadas sobre qué tipo de medidas tienden a ser más afectivas en el costo social y económico. (p.202)

7.    Promoción de la Transparencia y la Rendición de Cuentas:

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales de una política criminal efectiva, se deben establecer mecanismos para garantizar que las acciones del gobierno y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley sean transparentes y estén sujetas a escrutinio público..

En resumen, una política criminal estatal efectiva debe incluir una legislación penal clara y coherente, estrategias de prevención del delito, aplicación justa de la ley, rehabilitación y reinserción social de los infractores, coordinación entre las diferentes instituciones legislativas, inversión en recursos y capacitación, y evaluación y adaptación continua. Solo a través de un enfoque integral que aborde tanto las causas como las consecuencias del delito se puede promover una sociedad más segura y justa para todos los ciudadanos.

 

Bibliografía:

Juárez, A., y Medina, M (s.f) Política Criminal (México Y Chile). Investigaciones jurídicas de la UNAM. pp. 163-214.