Una comparación de la Política Criminal de persecución penal y carcelaria entre El Salvador y Costa Rica
La
política criminal, con sus variadas estrategias de persecución penal y
carcelaria, es un reflejo del enfoque de un país hacia la justicia y la
seguridad pública, en este blog, se explorara y se comparara la política
criminal de persecución penal y carcelaria de dos naciones centroamericanas: El
Salvador y Costa Rica. Estas dos naciones comparten una región geográfica, pero
difieren significativamente en sus enfoques hacia el sistema penal y carcelario,
examinar sus similitudes y diferencias proporcionará una visión más profunda de
cómo diferentes contextos sociales, políticos y económicos pueden influir en
las políticas criminales de un país.
El
Salvador ha enfrentado desafíos crónicos en materia de seguridad pública, con
altas tasas de violencia, delincuencia organizada y pandillas como la Mara
Salvatrucha (MS-13) y el grupo criminal Barrio 18. La política criminal de El
Salvador ha tendido a enfocarse en una respuesta punitiva y represiva, con un
énfasis en la persecución penal y el encarcelamiento de delincuentes, así como
en la construcción de cárceles masivas para los victimarios
El
sistema judicial salvadoreño ha adoptado una postura agresiva hacia la
persecución penal, con un enfoque en la mano dura contra el crimen, en este país,
as leyes y políticas han tendido a favorecer penas severas, incluso para
delitos menores, y un uso extendido de medidas coercitivas como la detención
preventiva. este enfoque, se ha centrado en disuadir la delincuencia a través
de la amenaza de castigos severos.
A nivel internacional, la política carcelaria en El Salvador ha sido criticada por la sobrepoblación, condiciones inhumanas y violaciones de derechos humanos en las prisiones. Las instalaciones penitenciarias a menudo están superpobladas y carecen de recursos adecuados para la rehabilitación y reinserción de los reclusos, la violencia y el control de pandillas dentro de las cárceles han sido problemas persistentes, lo que ha llevado a un ciclo de violencia y criminalidad.
A continuación, se presenta un video acerca del centro correccional CECOT, el cual esta diseñada para albergar a presos sumamente violentos
Análisis
de las Políticas carcelarias impuestas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador:
Desde
que asumió la presidencia de El Salvador en 2019, Nayib Bukele ha implementado
una serie de políticas carcelarias con el objetivo de abordar la problemática
de la seguridad y reducir la criminalidad en el país. Estas políticas han sido
objeto de debate y controversia tanto a nivel nacional como internacional, ya
que han despertado preocupaciones sobre los derechos humanos y el respeto al
estado de derecho, sin embargo, han sido excepcionalmente efectivas para
reducir la violencia en dicho país y para aumentar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Como
lo menciona Papadovassilakis (2023):
La clave del relativo éxito del régimen de
excepción en debilitar las estructuras de las pandillas se basa en tres pilares
fundamentales: el uso de medidas legales extremas; el empleo de una
interpretación más laxa de las leyes de mano dura en lo que respecta a la
afiliación a las pandillas; y la concentración del poder político en torno a la
administración de Bukele. (p.32)
Una
de las medidas más destacadas del gobierno de Bukele en materia carcelaria ha
sido la militarización de las prisiones, esta estrategia se ha implementado a
través de la ejecución de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y la
policía para mantener el control dentro de los centros penitenciarios y
prevenir la comunicación de los reclusos con el exterior, incluyendo el uso de cortafuegos
los cuales bloquean las señales de teléfonos celulares. Esta medida a sido
criticada debido a posibles faltan a los derechos humanos e inanición de los
reclusos, sin embargo, ha sido efectiva para evitar la violencia carcelaria y
la fuga de reos.
Otro aspecto importante de las políticas carcelarias de Bukele es la implementación de programas de rehabilitación y reinserción social de las víctimas de la violencia, el gobierno ha destinado recursos para mejorar las condiciones de vida de las víctimas de las pandillas, proporcionando acceso a educación, capacitación laboral y programas de tratamiento psicológico. Estas iniciativas buscan reducir el ciclo de violencia en la sociedad y a facilitar la reinserción de estos en la sociedad. Gracias a estas medidas, se ha reducido drásticamente la violencia en la sociedad, al mismo tiempo ha sido un puente para aumentar la calidad de vida y el índice de desarrollo humano en el territorio.
Además,
el presidente Bukele ha promovido medidas para combatir el hacinamiento en las
cárceles y mejorar la seguridad de los internos, esto ha incluido la
construcción de nuevas cárceles y la implementación de políticas de
clasificación y separación de los reclusos según su nivel de peligrosidad y
afiliación a grupos criminales. Si bien estas acciones son necesarias para
garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario,
su ejecución ha enfrentado obstáculos logísticos y financieros, lo que ha
limitado su efectividad en ciertos casos.
Como
se mencionó anteriormente, algunas de las políticas carcelarias impulsadas por
el gobierno de Bukele han sido objeto de críticas por su presunta violación de
los derechos humanos y su enfoque punitivo. Diferentes ONG han denunciado casos
de uso excesivo de la fuerza, maltrato y tortura dentro de las prisiones, así
como detenciones arbitrarias y falta de debido proceso. Sin embargo, gran parte
de la población salvadoreña ha apoyado estas prácticas, lo cual se ha visto
reflejado en las elecciones presidenciales y en el apoyo al presidente en
distintas encuestas y opiniones
En resumen, las políticas carcelarias impuestas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador abarcan una amplia gama de medidas destinadas a abordar la problemática de la seguridad y reducir la criminalidad en el país. Si bien algunas de estas medidas han tenido un gran impacto en la reducción de la actividad delictiva desde las cárceles y en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, otras han sido objeto de críticas por su presunta violación de los derechos humanos y su enfoque punitivo. En este sentido, es fundamental que el gobierno salvadoreño garantice el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos, y adopte un enfoque integral que combine medidas de seguridad con programas para reducir desde la raíz la desigualdad social y la violencia.
Sistema penitenciario de Costa Rica
Costa
Rica, por otro lado, ha adoptado un enfoque más reformista en su política
criminal, con un énfasis en la prevención del delito, la rehabilitación y la
reinserción social de los infractores, aunque Costa Rica no está exenta de
problemas de criminalidad, su política de persecución penal tiende a enfocarse
en la resolución de conflictos, la mediación y la justicia restaurativa en
lugar de la mera aplicación de penas severas, este caso se prioriza la
resolución pacífica de casos delictivos y la atención a las causas inmediatas de
la violencia, como la pobreza y la desigualdad social.
La
política carcelaria en Costa Rica se centra en la rehabilitación de los reclusos
a través de programas de educación, capacitación laboral y atención médica
dentro de las prisiones, esto con la intención de ayudarlos a adquirir
habilidades y prepararse para una vida productiva después de su liberación, de
igual manera, se han implementado medidas para reducir la sobrepoblación y
mejorar las condiciones de vida en las cárceles.
Comparación de ambas políticas criminales
Comparando
las políticas criminales de El Salvador y Costa Rica, podemos identificar
diferencias significativas en sus enfoques hacia la persecución penal y
carcelaria, mientras que El Salvador ha optado por una estrategia más de
control militar sobre los reclusos y los grupos de pandillas, Costa Rica ha
adoptado un enfoque más reformista y orientado hacia la reinserción social de
los reclusos.
Las
causas de estas diferencias pueden atribuirse a una variedad de factores,
incluidos los contextos socioeconómicos, culturales y políticos de cada país,
ya que El Salvador, con su historia de conflicto armado y desigualdad social,
puede haber optado por políticas más coercitivas en un intento de contener la
violencia y la delincuencia, lo cual en gran manera le ha resultado
beneficioso. Mientras tanto, Costa Rica, con una mayor estabilidad política y
desarrollo social, ha podido priorizar enfoques más humanitarios y reformistas.
En
conclusión, la eficacia de las políticas criminales de un país debe evaluarse
en función de su capacidad para reducir la delincuencia, proteger los derechos
humanos y promover la seguridad ciudadana. Si bien cada enfoque tiene sus
fortalezas y debilidades, es importante que los países continúen adaptando y
refinando sus políticas criminales en respuesta a los desafíos cambiantes y a los
nuevos tipos de violencia y crímenes que han surgido en la actualidad.
Bibliografía:
Papadovassilakis, J (2023) El régimen de
excepción (perpetuo) de El Salvador: Cómo el gobierno de Bukele sometió a las
pandillas. Revista InSight Crime. pp. 1-59.
El País (2024) Dentro del CECOT, la cárcel de pandilleros de Bukele. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=EfZQNmHmc_A
Gimeno, F (2024) Noboa presentó sus cárceles con el “modelo Bukele” mientras siguen los motines en Ecuador. Diario Infobae.https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/01/12/noboa-presento-sus-carceles-con-el-modelo-bukele-mientras-siguen-los-motines-en-ecuador/
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