Política Criminal y Política General

La distinción entre política criminal y política general es esencial para comprender los enfoques gubernamentales que pretenden administrar y gestionar la justicia y el orden social. Ambas perspectivas están arraigadas en la teoría política y legislación, pero se diferencian significativamente en su alcance, objetivos y métodos.

La política criminal se refiere a las estrategias y medidas adoptadas por un Estado para abordar la delincuencia y promover la seguridad pública, el enfoque principal de esta política se centra en el sistema de justicia penal y las acciones específicas dirigidas a prevenir, controlar y sancionar el comportamiento criminal, por lo cual, la misma está orientada hacia la aplicación de la ley y la administración de la justicia.

Borja (2003) afirma que:

Su función va más allá, alcanza al tratamiento de la problemática de los ciudadanos que perpetran hechos delictivos («… La cuestión de cómo debe tratarse a las personas que atentan contra las reglas básicas de la convivencia social y con ello lesionan o ponen en peligro al individuo o a la comunidad constituye el objeto principal de la Política Criminal. (p.121)

Al momento de su ejecución, la política criminal implica la promulgación de leyes penales, la implementación de programas de prevención del delito, el fortalecimiento de instituciones judiciales y policiales, y la administración de sistemas correccionales conocidos como cárceles o centros penales. Los principios de la política criminal se basan en la retribución, prevención general y especial, rehabilitación y disuasión, entre otros.

Por otro lado, la política general se refiere a un conjunto más amplio de objetivos y acciones gubernamentales que abarcan diversos sectores sociales, económicos y políticos. A diferencia de la política criminal, la política general no se limita exclusivamente al ámbito de la justicia penal, sino que busca abordar una gama más amplia de problemas y necesidades en la sociedad actual

En términos generales, la política general abarca áreas como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el medio ambiente y el bienestar social, el objetivo de esta es promover el desarrollo integral de la sociedad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En este sentido, la política general se centra en la prevención del delito mediante la atención a las causas subyacentes o inmediatas de la criminalidad, como la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades y la exclusión social.

 

Principales diferencias entre ambas políticas

1.    Alcance: La política criminal se enfoca específicamente en la delincuencia y el sistema de justicia penal, mientras que la política general aborda una amplia gama de temas sociales, económicos y políticos.

2.    Objetivos: La política criminal busca prevenir y controlar la delincuencia, así como administrar la justicia penal y los sistemas carcelarios, mientras que la política general tiene como objetivo promover el bienestar social, el desarrollo humano y prevenir la desigualdad

3.    Enfoque: La política criminal está diseñada para la aplicación de la ley y las acciones punitivas, mientras que la política general adopta un enfoque más amplio y preventivo, abordando las causas subyacentes de la criminalidad.

4.    Métodos: La política criminal se ejecuta a través de medidas legales y acciones de aplicación de la ley, mientras que la política general utiliza una variedad de herramientas y programas en áreas como la educación, la salud y el trabajo social para lograr sus objetivos

.

Beneficios de un buen planteamiento de Política Criminal

La Política Criminal juega un papel fundamental en la sociedad contemporánea, ya que cuando la misma está bien planteada y dirigida, conlleva una serie de beneficios que impactan tanto en la prevención del delito como en la promoción de la justicia y el bienestar social.  

En primer lugar, una política criminal bien diseñada contribuye significativamente a la reducción de la delincuencia, esto se logra mediante la implementación de medidas preventivas efectivas, como programas de intervención temprana en comunidades vulnerables, educación sobre la ley y los derechos humanos, así como la promoción de oportunidades de empleo y desarrollo económico en áreas de alta criminalidad. Al abordar las causas inmediatas de la criminalidad como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a recursos básicos, se puede crear un entorno más propicio para la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.

Por otra parte, una política criminal de calidad puede mejorar el sistema de justicia penal y fortalecer el Estado de derecho, este objetivo se puede conseguir mediante la implementación de reformas que promuevan la transparencia, la imparcialidad y la eficiencia en el sistema judicial. Por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas de la aplicación de la ley en la sociedad, la capacitación de jueces y fiscales en mejores prácticas judiciales, así como la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos pueden contribuir a una administración de justicia más efectiva y equitativa.

Asimismo, la implementación de estas políticas puede promover la rehabilitación y la reintegración de víctimas y victimarios de la violencia en la sociedad. Desde un punto de vista social, una política criminal centrada en la rehabilitación busca abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo y brindar a la sociedad las herramientas y el apoyo necesarios como medio de terapia para enfrentar los retos sociales. Esto puede incluir programas de tratamiento para adicciones, educación y capacitación vocacional en el ámbito correccional, así como apoyo para la reinserción laboral y comunitaria una vez que los individuos cumplen sus penas.

Por último, una política criminal bien fundamentada puede animar a la prevención del delito y la promoción de la seguridad ciudadana a través de la colaboración y la participación activa de la sociedad civil, esto al involucrar a la comunidad en la identificación de problemas locales de seguridad y en el diseño e implementación de soluciones, a través de la cual se fortalece el tejido social y se fomenta un sentido de responsabilidad compartida en la prevención y el control del delito. Esto puede manifestarse en iniciativas como comités de seguridad comunitaria, programas de vigilancia vecinal y proyectos de revitalización urbana que buscan mejorar la calidad de vida en áreas afectadas por la criminalidad y la violencia.

Conclusiones

A modo de resumen, la diferencia entre política criminal y política general radica en su enfoque, alcance y objetivos, por un lado, la política criminal se centra en la delincuencia y el sistema de justicia penal, la política general aborda una gama más amplia de problemas sociales y busca prevenir el delito mediante la erradicación de la desigualdad social y el respeto por los derechos humanos. Ambas perspectivas son complementarias y fundamentales para abordar de manera integral los desafíos de la seguridad y la justicia en una sociedad en evolución

En conclusión, las políticas criminales son de gran importancia ya que pueden ofrecer una amplia gama de beneficios para la sociedad, desde la reducción de la delincuencia hasta la promoción de la justicia y la rehabilitación, tomando en cuenta la prevención del delito y la participación ciudadana, una política criminal efectiva puede contribuir significativamente a la construcción de sociedades más seguras, justas y cohesionadas. Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos y las instituciones responsables adopten enfoques integrales, basados en la formulación y ejecución de políticas criminales, con el fin de maximizar su impacto y alcanzar resultados exitosos para la sociedad a largo plazo.

Bibliografía:

Borja, E (2003) Sobre el concepto de política criminal. Una aproximación a su significado desde la obra de Claus Roxin. Universidad de Valencia. pp. 114-150

COLMESI (2021) Política Criminal. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=UhBvwJok1bU